El Gobierno culpa a Red Eléctrica. Red Eléctrica culpa a las eléctricas. Las eléctricas culpan al Gobierno y a Red Eléctrica

Publicado el 18/06/2025 por Diario Tecnología Artículo original

Cruce de acusaciones entre los actores del sistema energético español. El Gobierno de España publicó a última hora del martes el informe que presentará a Bruselas sobre el apagón del 28 de abril, en el que señala la planificación deficiente del operador de la red. Horas después, Red Eléctrica ha presentado su propio informe, apuntando a la mala praxis de las compañías eléctricas. Las eléctricas, por su parte, niegan toda responsabilidad, asegurando que sus sistemas actuaron correctamente ante una red inestable, y acusando a las autoridades de opacidad.

En una esquina del ring, el Gobierno de España. El informe oficial del comité de análisis creado por el Gobierno es contundente: el apagón fue resultado de una reacción en cadena de sobretensiones que el sistema no pudo soportar. Aunque la investigación técnica de 182 páginas reparte la responsabilidad entre el planificador y los ejecutores (plantas que estaban conectadas, pero no cumplían con los criterios fijados para controlar la tensión), el Ministerio para la Transición Ecológica señala directamente al operador de la red por la debilidad estructural.

Entre páginas enteras censuradas para mantener la confidencialidad de los involucrados, el informe del Gobierno señala los dos errores críticos que cometió Red Eléctrica aquel día: una programación deficiente y una insuficiente capacidad de control dinámico de las tensiones. Por un lado, el número de grupos térmicos programados para regular la tensión era inferior al de semanas anteriores. Por otro, el operador no sustituyó un grupo de la zona sur que había quedado fuera de servicio la tarde anterior. Fue donde la cascada de sobretensiones causó las tres desconexiones que hicieron caer el sistema como un castillo de naipes.

Seguir los protocolos fue el tercer "error" que, sin considerarse mala praxis, cometió el operador. Según el informe, Red Eléctrica tomó tres decisiones para reducir las oscilaciones del sistema que subieron la tensión: 1) aumentar el mallado de la red, conectando varias líneas de 400 kV previamente desconectadas; 2) reducir las exportaciones a Francia y Portugal; y 3) desconectar varias reactancias, equipos que absorben energía reactiva para bajar la tensión. El resultado fue la cascada de sobretensiones que disparó la desconexión automática.

En la otra esquina del ring, Red Eléctrica. Frente a las conclusiones del Gobierno, Red Eléctrica ha presentado su propio informe y una defensa cerrada de su actuación. Sus directivos negaron cualquier error de planificación y apuntaron directamente a las eléctricas: "Si las centrales de terceros hubieran regulado la tensión como debían, no se hubiera producido el apagón", dijo Concha Sánchez, directora de operación del sistema, en la rueda de prensa del miércoles.

Red Eléctrica defiende que su programación era suficiente. Que los cálculos y las restricciones técnicas se realizaron "considerando siempre que todos los grupos cumplen con las obligaciones que les impone la normativa vigente". Y que este habría sido el plan adecuado si los demás hubieran cumplido su parte. ¿Quiénes son los demás? Las eléctricas.

El análisis del operador determina que las desconexiones que provocaron el apagón no debían ocurrir: las plantas se dispararon sin que la tensión alcanzara los rangos exigidos por la normativa. Coinciden con el Gobierno en que la generación "no cumplió con las obligaciones establecidas" para regular la tensión y "no absorbió la energía reactiva" que estaba obligada a absorber. Como guinda del pastel, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, acusó a las eléctricas de no facilitar toda la información requerida o de hacerlo sin la calidad suficiente para un análisis técnico.

Al otro lado del cuadrilátero, las eléctricas. Las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP) niegan categóricamente cualquier fallo en sus instalaciones. Su versión es que los sistemas de protección actuaron "tal y como establece el reglamento eléctrico ante una grave situación de inestabilidad de la red". Que las desconexiones fueron automáticas y correctas para proteger los equipos de una red que ya era inestable. Y que sus centrales siguieron en todo momento las instrucciones del operador del sistema.

Las eléctricas acusaron además al Gobierno de "emitir juicios públicos que solo redundan en la confusión y la obstaculización del proceso", y reclamaron a Red Eléctrica que compartiera toda la información técnica de manera transparente. La patronal asegura que las eléctricas detectaron problemas de tensión "antes de producirse el incidente" y los comunicaron a Red Eléctrica. Problemas que, según la versión de la patronal, fueron descartados por el operador.

Un dato significativo es que el informe presentado este miércoles por Red Eléctrica se centra en los eventos posteriores a las 12:03 del 28 de abril, calificando los hechos anteriores como "no relevantes". Una afirmación criticada por los analistas, ya que el propio informe del Gobierno detalla una volatilidad "atípica" en las tensiones durante toda la mañana y semanas anteriores. En palabras de las eléctricas, el operador no puede actuar como "juez y parte" de la investigación.

Y en la esquina que queda, los consumidores. Los que pagaremos en la factura de la luz el coste de restablecer la electricidad con generadores síncronos, recuperando más tarde la energía renovable más barata. Los que quedamos a merced de datos poco transparentes para elegir a quién creer en esta guerra de acusaciones, cuyo telón de fondo es la previsible batalla legal por las indemnizaciones.

El apagón no solo afectó a España, sino también a Portugal y parcialmente a Francia, lo que anticipa reclamaciones millonarias, lo que a su vez explica la postura defensiva de todos los implicados y la meticulosa construcción de sus respectivos relatos. El gran apagón del 28 de abril no fue un simple fallo técnico. Fue el colapso de un sistema que operaba en el filo, evidenciando una cadena de vulnerabilidades que, una vez depuradas las responsabilidades, habrá que corregir. Otra puesta al punto que sin duda acabaremos notando en la factura de la luz.

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