El gigante ferroviario español tenía previsto construir un tren ligero entre Jerusalén y Cisjordania. Ahora tiene un problema
Publicado el 24/09/2025 por Diario Tecnología Artículo original
La vasca CAF se encuentra en el punto de mira internacional por su participación en el proyecto ferroviario de Jerusalén, que conecta asentamientos israelíes considerados ilegales por Naciones Unidas. La presión sobre la compañía se ha intensificado tras aparecer citada en un informe oficial de la ONU sobre empresas que se benefician de la ocupación.
Un proyecto en disputa. CAF forma parte desde 2019 de un consorcio con la israelí Shapir para construir y ampliar las líneas Roja y Verde del tren ligero de Jerusalén. El proyecto, valorado en 1.800 millones de euros, incluye 27 kilómetros de nuevas vías y 50 estaciones que conectan asentamientos en Cisjordania con Jerusalén Oeste. La empresa vasca se llevaría más de 500 millones de euros por construcción y equipamiento, además de su participación en la gestión durante 15 a 25 años.
Por qué es problemático. La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, ha incluido a CAF en su informe "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Según el documento, estas infraestructuras "contribuyen al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales" y conectan las colonias con Israel "al tiempo que excluyen y segregan a los palestinos". El propio Consejo de Derechos Humanos declaró ilegal el proyecto en 2016 y 2017.
La presión se intensifica. Amnistía Internacional lleva años pidiendo a CAF que abandone el proyecto. "CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales", afirma Esteban Beltrán, director de la ONG en España. La organización también reclama al Gobierno español y al Gobierno Vasco, accionista de la compañía, que evalúen los vínculos de CAF con "la conducta ilegal de Israel".
Otros se van retirando. El caso no es aislado. En 2024, la catalana COMSA se retiró del consorcio que había ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén. La acerera vasca Sidenor también anunció que dejará de servir acero a empresas israelíes. Fondos internacionales como el soberano noruego han retirado sus participaciones de Shapir, socia de CAF, y la gestora Storeband excluyó a CAF de su cartera por su participación en el proyecto.
La respuesta de CAF. La empresa mantiene en sus informes de sostenibilidad que "no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos" derivada de su participación y describe los territorios como "objeto de controversia política”. Sin embargo, para los organismos internacionales, CAF está obviando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de los asentamientos.
Entre líneas. El proyecto coloca a CAF en una encrucijada entre intereses comerciales y presión internacional. Sus accionistas incluyen al Gobierno Vasco, Kutxabank, la matriz de la textil Mayoral y los propios trabajadores con un 25% de las acciones. Mientras tanto, el contexto geopolítico se ha endurecido tras los ataques del 7 de octubre y la respuesta israelí en Gaza, aumentando el escrutinio internacional sobre cualquier empresa vinculada a los territorios ocupados.
Imagen de portada | Alexander Berezhnoy
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