La convivencia en las comunidades de vecinos es un delicado equilibrio que, en ocasiones, se ve alterado por la presencia de mascotas. Si bien la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, también conocida como Ley de Bienestar Animal, ha traído consigo importantes novedades para los propietarios de animales, uno de los puntos que más inquietud ha generado es la seguridad en las zonas comunes. La confirmación de que llevar un perro sin bozal en estos espacios puede ser objeto de apelación a través del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es una noticia relevante que dota a las comunidades de una herramienta legal clara.
Para muchos, la presencia de perros es una fuente de alegría y compañía. Sin embargo, no todos comparten la misma percepción, y el miedo o la incomodidad ante ciertos animales, especialmente si no están controlados, es una realidad innegable en nuestras comunidades. Esta nueva interpretación y el respaldo legal ofrecen un marco más seguro para todos. Personalmente, creo que esta clarificación es un paso adelante fundamental para garantizar el respeto mutuo y la seguridad colectiva sin demonizar la tenencia responsable de animales.
Comprendiendo la Ley de Bienestar Animal y sus implicaciones
La Ley 7/2023, que entró en vigor en septiembre de 2023, ha reformulado significativamente el concepto de tenencia responsable. Entre sus disposiciones, se establece una clara obligación para los propietarios de animales de compañía de evitar que sus mascotas causen "molestias, daños o peligrosidad" a las personas, a otros animales o a los bienes. Esta ley elimina la antigua lista de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) y establece un sistema de evaluación individualizada para cada perro, además de requerir la contratación de un seguro de responsabilidad civil y la superación de un curso de formación para el propietario.
Aunque la ley no especifica una obligación universal de llevar bozal para todos los perros en todas las zonas comunes, sí refuerza la responsabilidad del dueño de garantizar la seguridad. Es aquí donde reside la clave: si un propietario no cumple con la diligencia debida y permite que su perro transite por zonas comunes sin bozal, creando una situación de riesgo o inquietud, está incumpliendo con el espíritu de la nueva normativa. Esta omisión, según las últimas interpretaciones, puede ser interpretada como una actividad que contraviene la armonía vecinal y la seguridad. Para más detalles sobre la Ley de Bienestar Animal, puedes consultar el texto completo en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
El artículo 7.2 de la LPH: una herramienta clave para las comunidades de vecinos
El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal es un pilar fundamental para la regulación de la convivencia en las comunidades. Este artículo establece que "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades que resulten prohibidas en los estatutos, que sean dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas."
La clave aquí es la categoría de "peligrosas o molestas". Cuando un perro, por su tamaño, raza, comportamiento o por la percepción generalizada de riesgo entre los vecinos, transita sin bozal en zonas comunes como pasillos, portales, ascensores o jardines comunitarios, puede generar una situación de peligro real o una molestia justificada para otros residentes. Esto es especialmente cierto para personas mayores, niños pequeños o aquellos con cinofobia. La nueva Ley de Bienestar Animal, al poner un énfasis tan marcado en la responsabilidad del propietario de evitar daños o peligrosidad, proporciona un marco más robusto para argumentar que llevar un perro sin bozal en estas circunstancias encaja en la descripción del artículo 7.2 de la LPH. Es una interpretación que dota de mayor fuerza a las quejas vecinales legítimas. Una explicación más detallada del artículo 7.2 de la LPH puede encontrarse
aquí.
¿Cuándo aplicar el artículo 7.2? Consideraciones prácticas
Antes de recurrir a la vía legal, siempre es aconsejable intentar una resolución amistosa. Si un vecino lleva a su perro sin bozal y esto genera incomodidad, el primer paso sería una conversación educada y respetuosa. Si la situación persiste o el propietario se niega a colaborar, la comunidad de propietarios puede iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7.2 de la LPH:
1. **Requerimiento del Presidente:** El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier vecino, debe requerir formalmente al infractor el cese de la actividad molesta o peligrosa. Este requerimiento debe hacerse por un medio fehaciente (burofax con acuse de recibo).
2. **Junta de Propietarios:** Si el requerimiento no surte efecto, la junta de propietarios, previa convocatoria, debe autorizar al presidente a iniciar acciones judiciales.
3. **Acción judicial:** La comunidad podrá interponer una demanda para solicitar que se cese la actividad. Si la sentencia es favorable, el juez podrá ordenar el cese definitivo de la conducta y, en casos graves, incluso la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo determinado.
Es crucial reunir pruebas que acrediten la situación: fotografías, vídeos, testimonios de otros vecinos. No se trata de prohibir la presencia de mascotas, sino de asegurar que esta se desarrolle en un marco de seguridad y respeto. La Ley de Propiedad Horizontal en su totalidad puede consultarse en el
BOE.
Responsabilidad del propietario y convivencia
La Ley de Bienestar Animal subraya que la tenencia de un animal implica una serie de responsabilidades ineludibles. Un dueño debe garantizar no solo el bienestar de su mascota, sino también la seguridad y la tranquilidad de su entorno. Esto incluye asegurar que el animal esté adecuadamente controlado en todo momento y en todas las circunstancias, especialmente en espacios compartidos. La adaptación a la nueva ley y el énfasis en la formación y el seguro son herramientas para promover esta responsabilidad. Para profundizar en las obligaciones de los propietarios, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece guías útiles.
En última instancia, la convivencia pacífica en las comunidades de vecinos se basa en la empatía y el cumplimiento de las normas. Si bien la Ley de Bienestar Animal y el artículo 7.2 de la LPH ofrecen un respaldo legal, el diálogo y el entendimiento mutuo siempre serán el primer paso y la solución más deseable para evitar conflictos. Comprender cómo la nueva legislación impacta en la gestión de perros en las comunidades, especialmente en lo referente a la eliminación del concepto de "Perros Potencialmente Peligrosos", es fundamental. Puedes informarte más al respecto
aquí. La seguridad de todos es una responsabilidad compartida.
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